ENTRE LA POLITIZACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIALES: EL MOVIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR EN LA ERA DE CAMBIEMOS

Por: Dra. Agustina Gradin (CONICET – FLACSO)

Introducción

El ascenso al gobierno de una “nueva derecha”, que como señalan Astarita y De Piero (2017) se parece mucho a la vieja, se caracteriza por la profundización del conflicto social, y, por lo tanto, de los procesos sociopolíticos de movilización y protesta de diferentes sectores sociales. Claramente, las movilizaciones de amplios sectores de la población y de diversos (y hasta contradictorios) actores, expresan la actualización de la disputa política por la distribución de la riqueza y su proyección futura, en un contexto político económico conflictivo. El neoliberalismo tardío y su lógica económica, basada en la reactualización, de la doctrina del libre mercado y la desregulación económica, deja afuera del sistema económico y social, a un tercio o más de la población de nuestras sociedades. Y como señala Luis Tapia (2009), cuando las instituciones no dan respuesta (y es claro que la orientación de los gobiernos del tardo-neoliberalismo es la transferencia de recursos de los sectores populares, a favor de los más concentrados de la economía), la sociedad civil las desborda.

Este desborde expresa un proceso de politización de lo social y de sus demandas sectoriales, construyendo actores políticos con capacidad de articulación transversal de demandas y proyectos. Durante estos años desde la asunción de Mauricio Macri, diferentes actores protagonizaron masivos procesos de movilización sociopolítica de protesta, con dispares consecuencias. Desde una mirada global podríamos señalar que el neoliberalismo tardío, con su propuesta programática de modernización del Estado y ajuste estructural de la economía, abre la puerta a que emerjan cantidad de conflictos sociales de diferentes magnitud y trascendencia. Las condiciones materiales para la emergencia del conflicto social son fáciles de detectar. La capacidad del gobierno para canalizarlas y contenerlas deja mucho espacio para la acción colectiva. Desde cuestiones simbólicas como el derecho a la memoria política (recordemos las movilizaciones que acompañaron los aniversarios del último Golpe de Estado o el rechazo al intento de implementar el 2×1 en delitos de lessa humanidad), hasta temas estratégicos como las negociaciones paritarias, la protección a los sectores informales de la economía, el costo de las tarifas públicas, o la violencia de género, la acción gubernamental ha producido reacciones y acciones de distintos sectores sociales, que aún no encuentran articulación política que los sintetice. Sin embargo,  todas estas expresiones de descontento no dejan de ser defensivas en sus acciones y reacciones. Aún en los planteos gremiales y en las discusiones paritarias durante estos años, la discusión giró en torno al porcentaje de aumento y las perspectivas inflacionarias, en un contexto de fuerte deterioro de la capacidad de compra del salario vía inflación. Tanto la CGT, el Frente Sindical por el Proyecto Nacional, como las dos CTA y los gremios combativos de la izquierda, se encuentran en un escenario complejo de abordar.

A estos aspectos estructurales de la acción colectiva, es necesario sumarles los aspectos subjetivos de la interacción de los actores, sus trayectorias sociopolíticas, sus liderazgos, y sus capacidades de articulación y representación de demandas, que son aspectos sustantivos para comprender el actual ciclo de movilizaciones que caracteriza la relación Estado y sociedad en el neoliberalismo tardío. Ente estos aspectos subjetivos se encuentra la propia acción del Gobierno de Cambiemos respecto del conflicto. Las respuestas gubernamentales al aumento de la conflictividad social fueron, en un primer momento, la apuesta por la represión policial y judicial de sus principales referentes. La encarcelación ilegal e injusta de referentes populares y de manifestantes durante y después de las movilizaciones, así como la elaboración del protocolo anti protestas, son intentos de regulación de la acción colectiva y de los procesos de movilización sociopolíticos, operando una suerte de amenaza judicial a todos aquellos referentes sociales y políticos que protagonicen hechos de rebeldía. Sin embargo, operan dispositivos represivos latentes que reprimen y hostigan de forma fragmentada la movilización social y a sus protagonistas como son los casos de represión durante la desconcentración del Primer Paro de Mujeres en marzo de 2017, entre otros o en las masivas protestas con la Reforma Previsional de diciembre de este mismo año. La memoria colectiva de la represión autoritaria pero también democrática de la crisis neoliberal, deja poco margen de acción represiva directa, pero si para este tipo de iniciativas de hostigamiento y amedrentamiento al activismo político. El aumento y la masividad de las acciones colectivas de protesta han llamado la atención de un sistema político que se creyó inmune al conflicto sociopolítico.

La segunda forma de respuesta gubernamental utilizada fue, y continúa siendo, la convocatoria al “dialogo” y la sectorialización de las demandas. La despolitización de la gestión del Estado a partir de la convocatoria a diálogos sectoriales, que intentan construir respuestas técnicas a problemas políticos, es un intento de desmovilizar los conflictos sociales sin resolver las contradicciones estructurales de fondo. Este dialogo, sin embargo, no se instituye como una discusión pública que construye acuerdos respecto de los ganadores y perdedores del neoliberalismo tardío. Sino más bien, al decir de Merklen (2016), se instala como un espacio donde apagar conflictos a través de los recursos del Estado. La utilización de los recursos estatales para responder a los conflictos sociales es conceptualizada generalmente, por la academia y la clase política, como clientelismo y cooptación. De aquí la importancia del Estado en la realidad de los sectores populares. La capacidad de acción autónoma, ya sea de los beneficiarios como de los mediadores, es soslayada en estas perspectivas político – teóricas.

Para comprender la realidad Argentina hoy nos parece necesario complejizar esta conceptualización y recuperar en el análisis algunos elementos que desarrollaremos a continuación. Aún en este contexto de represión judicial y policial, y de convocatorias al dialogo técnico – sectorial, la canalización de la conflictividad social se encuentra con la limitación de la representación político electoral que sintetice y contenga a la heterogeneidad de actores sociales, sindicales y políticos. En nuestros elementos, sin embargo, nos interesa destacar dos elementos que, consideramos, suelen ser soslayados en los análisis. Estos son, la construcción comunitaria y por lo tanto, la construcción  de subjetividades, y la construcción de representación institucional en el ámbito legislativo y ejecutivo, y por lo tanto de construcción de poder.  Estos dos aspectos, fundamentales para pensar a las organizaciones territoriales hoy, son activos  emergentes que se vienen acumulando desde el proceso histórico de resistencia al neoliberalismo de los `90, su crisis, y la posterior etapa Kirchnerista. La permeabilidad y porosidad del Estado y del sistema político en su conjunto, a unas y otras demandas; la capacidad de articulación política de éstas; y su capacidad de presión e influencia en la agenda política nacional, claramente, las ubica en diferentes espacios y escenarios. Si bien las condiciones objetivas de crisis de la economía son la argamasa de la explicación del actual escenario sociopolítico, los actores colectivos que canalizan (construyen y producen) las demandas sociales que emergen de la misma, sus modos de acción, de representación y de articulación entre sí, y para con los actores gubernamentales, son también una clave para comprender y explicar la relación Estado-sociedad que busca construir el neoliberalismo actual.

Dicho todo esto, en este artículo nos interesa política (y sus limitaciones), así como  la capacidad de construcción de los movimientos analizar la potencia sociales, específicamente del movimiento de la economía popular, en tanto que se constituyen en actores sociopolíticos que protagonizan el proceso de reconstrucción de la relación Estado – sociedad, y que combinan elementos novedosos en sus formas de acción y organización. Sin embargo, un límite claro (aunque también un desafío) lo constituye como esta potencia se traslada a la política. Es decir, que actor (nuevo o viejo) capitaliza políticamente la politización que atraviesa a los sectores de la economía popular. En esta tensión entre politización y representación se inscribe nuestro análisis.

Las ¿nuevas? organizaciones de la economía popular

La experiencia de la economía popular, como analizamos en otro artículo (Gradin, 2017) deben ser entendidos como una etapa superior de las organizaciones sociales y de desocupados, y se encuentra compuesto por una cantidad considerable de organizaciones sociopolítica heterogéneas y con distintas trayectorias sociales y partidarias. Sin embargo, podríamos decir que es un espacio que se fue organizando y consolidando desde fines del 2011, de la mano de un proceso económico que no despuntaba en la creación de empleo formal, y que encontró en la economía popular una estrategia de supervivencia económica y social. Esto tuvo un alicante muy particular durante el segundo mandato de Cristina Fernández (2011 – 2015), a través de la batería de programas de asistencia y de promoción social de la economía popular. Una demanda que emergió durante estos años fue su reconocimiento institucional como sector económico, cuestión que fue soslayada por el kirchnerismo hasta los últimos días de su gestión cuando otorgó el reconocimiento institucional por parte del Ministerio de Trabajo. En este marco, encontró en la lucha por la Ley de Emergencia social, un escenario de desenvolvimiento estratégico.  Actualmente ese espacio de acción se amplió a las demandas por una Ley de Emergencia Alimentaria, otra de Integración Urbana, otra de Infraestructura social, otra de Agricultura familiar y otra de Emergencia en adicciones, mostrando una madurez interesante en su capacidad de constructiva, no únicamente de protesta.

Este actor, que tuvo su aparición pública con la movilización de San Cayetano en agosto de 2016, mostró una masividad importante y una capacidad de articulación en la acción y en el discurso, que no habían conseguido como movimiento de desocupados en la etapa anterior. Al igual que el movimiento de mujeres, este actor heterogéneo ya “no intenta representar puramente los intereses de clase, sino de constituir políticamente los intereses de una voluntad política de tipo nuevo, (…) donde los procesos de representación son aquellos a través de los cuales se va constituyendo la voluntad de los representados.” (Laclau, 2013: 218). En este proceso político de representación de una nueva identidad social, los trabajadores de la economía popular, las organizaciones constituyen sus intereses y demandas, en articulación constante con los otros actores del sistema político, y entre ellos el Estado.   

La relación de estos movimientos con el Estado, ya sea a través del silencio o de las políticas públicas sectoriales implementadas, abre también otra cuestión que es sumamente importante para este proceso, y que tiene que ver con la reconstrucción de las relaciones subjetivas hacia adentro de los mismos. Estos procesos de movilización son acontecimientos coyunturales que emergen públicamente, y que ponen en evidencia la construcción comunitaria de estas organizaciones. Si bien la masividad de las manifestaciones está dada por el acompañamiento de la opinión pública y de una parte de la sociedad que se conmueve y se mueve en las convocatorias, en cada protesta se visualiza el nivel de organizaciones comunitaria territorial en el caso de la economía popular. La organización comunitaria se instituye como una estrategia de inclusión social y de resignificación para las/los sujetos que participan de las mismas, mitigando en muchos casos el riesgo de fractura social que pareciera latente en el neoliberalismo tardío.

La disputa de los movimientos sociales territoriales con las redes ilegales como el narcomenudeo, las barras bravas de los clubes de futbol, y los aparatos políticos de algunos partidos tradicionales, son parte de una disputa por el sentido subjetivo de la participación, y por la construcción de proyectos colectivos transformadores. La participación en centros comunitarios, actividades de formación, procesos de educación popular, o la simple organización para la resolución de las problemáticas barriales, son estrategias de construcción comunitarias que nos hablan del rol de mediación social y política de estas organizaciones. La construcción social de este tipo de organización, la construcción de nuevas subjetividades identificadas con su participación en la organización, y el rol de mediación de éstas entre la comunidad y el Estado, son claramente aspectos positivos del proceso, que no deberían ser soslayados por el gobierno en su relación con los mismos. El neoliberalismo tardío impulsa la desestructuración del pueblo en tanto referente sociopolítico (García Delgado y Gradin, 2017), promoviendo el individualismo como cultura política y la sectorialización de las demandas sociales como estrategia de intervención estatal. Los movimientos sociales en general, y los que aquí se analizaron particularmente, construyen comunidad, desafiando la desarticulación social. Es decir, sus acciones territoriales y comunitarias reconstruyen el lazo social en sus espacios de intervención, haciendo un aporte sustantivo a la inclusión de una parte de la sociedad, que el neoliberalismo tardío con su lógica política y económica, excluye.

 

 

Por otro lado, su potencial en la construcción comunitaria se encuentra íntimamente ligado a su capacidad de organización y canalización de las demandas sociales insatisfechas (que como ya dijimos en el neoliberalismo tardío van en aumento de la mano de la estrategia de ajuste económico). Su creciente capacidad de representación de las demandas y de articulación política de los diferentes actores que componen el mundo de la economía popular, se puede explicar en primer lugar, por la derrota electoral que supuso la asunción de Cambiemos, y, por lo tanto, su inscripción dentro de la oposición, licuando sus diferentes tácticas y partidarias. Tener que abandonar, por obvias razones, del Estado nacional como arena de disputa política, convirtió al ámbito legislativo como el espacio institucional de discusión y construcción de consensos y luchas. Su trayectoria política durante la etapa anterior tuvo como saldo positivo el aumento de la representación institucional en la cámara de diputados de estas organizaciones. En la elección legislativa de 2015, el Movimiento Evita dentro del Frente para la Victoria logra ingresar 6 legisladores, así como Libres del Sur, armado electoral del cual formaba parte el movimiento Barrios de Pie, obtiene 3 legisladores. Tanto el Movimiento Evita como Barrios de Pie forman parte de las organizaciones impulsoras del movimiento de la economía popular. Su participación dentro del ámbito legislativo, con peso político propio, facilitó el proceso de incidencia y la articulación con todo el espectro político que fue interpelado a través de las diferentes iniciativas de ley.

Este crecimiento en su capacidad de representación legislativa fue acompañado y nutrido por su capacidad de movilización, expresada en diferentes manifestaciones callejeras que mostraron el crecimiento organizativo de este actor. El plan de lucha asumido colectivamente por las diferentes organizaciones que componen el sector, así como sus manifestaciones particulares por demandas específicas, pusieron a la economía popular dentro del debate público. A su vez, este actor supo construir puentes con otros sectores sociales y políticos como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en sus dos vertientes, así como con sectores de la Iglesia Católica, con fuerte influencia del Papa Francisco y su doctrina social. Un elemento distintivo de la etapa es su nueva vinculación con sectores del sindicalismo peronista, que tradicionalmente invisibilizaron sus demandas. La articulación política y de acción de las principales organizaciones de la economía popular con la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), recientemente unificada, permitió al sector hacer trascender sus demandas a un plano ofensivo en la disputa por el reconocimiento institucional de las mismas. Es decir, en el proceso político que se abrió desde su aparición pública en agosto de 2016, el movimiento de la economía popular ha crecido en su capacidad de tejer alianzas sociales y políticas con otros actores del mundo sindical y del mundo religioso, así como con un amplio espectro de organizaciones político partidarias. Esto se vio reflejado en el tratamiento legislativo y comunicacional de la Ley de Emergencia Social a fines el 2016, que preveía un reconocimiento institucional del sector y varios mecanismos de aporte material para los emprendimientos de la economía popular y sus trabajadores. La misma fue acompañada por un amplio espectro político y social, que terminó obligando al oficialismo a negociar y sancionar la ley.

Y esta cuestión nos introduce, quizás a la diferencia con otros movimientos: su relación con el Estado. El movimiento de la economía popular, por sus características particulares en cuanto a su relación con los recursos estatales como insumos de sus emprendimientos, ha sostenido una actitud de apertura al diálogo respecto de su relación con el Estado. En este sentido consideramos que esta estrategia refiere “menos (a una) señal de que surgen nuevos movimientos sociales pacíficos por naturaleza que (a) la elección táctica más razonable y lógica” (Fillieul y Tartakowsky, 2015:171) ante esta situación. Sin embargo, su participación en instancias de diálogo con el Estado Nacional no ha mermado su capacidad de acción autónoma con respecto a este, y a pesar de este, les ha otorgado mayor legitimidad en sus reclamos ante la falta de cumplimiento por parte del oficialismo de sus propios acuerdos. Esta capacidad de acción autónoma, que obviamente también aplica al movimiento de mujeres, es criticada obviamente por quienes ven en cualquier instancia de articulación, un proceso de cooptación o de clientelismo político. Como una clara consecuencia no deseada de la acción, los recursos estatales se instituyeron en potenciadores de la acción política de estos actores, evidenciando su capacidad de actuación a pesar del contexto estructural en el cual se inscriben. En este marco general, la masividad de las movilizaciones sociopolíticas y el regreso a las calles como espacio de disputa política, nos impone también de la necesidad de repensar la representación de intereses y demandas en momentos no electorales, pero también en su articulación política partidaria como válvula de escape a de la conflictividad social expresada. La capacidad de articular y organizar un proyecto político partidario que capitalice electoralmente toda la conflictividad social que se expresa en las calles es, quizás, la clave de la cuestión.

La herencia recibida: construcción comunitaria y de representación

Es necesario destacar la experiencia de gestión pública y de construcción sociopolítica que acumularon estos actores, que hoy les permiten tener el lugar que tienen en la conflictividad actual. La politización de las organizaciones territoriales como los movimientos de desocupados o de la economía popular, que muchas veces en el debate público es denostada, fue un aspecto sustantivo y positivo del proceso Kirchnerista, ya sea por su capacidad de canalización y organización de demandas (y esto es necesario y deseable en cualquier sistema democrático), como por su capacidad de construcción comunitaria, ya sea a través de la integración o contención social, así como del mejoramiento en la calidad de vida de sus integrantes, su concientización y expresión a través de redes vinculares. Las formas de construcción comunitaria desplegadas son “modos de involucramiento” específicos, como señala Thévenot (2016) para explicar la acción y la participación de los individuos en los movimientos sociales, donde la cercanía de las relaciones sociales, es un elemento fundamental. Cercanía que comúnmente se asocia con el territorio o la comunidad. Como señala el autor, “el involucramiento tiende a transformar una dependencia en un poder” (Thévenot, 2016: 254), y esto sucedió con los movimientos sociales durante esta etapa.

Desde estas organizaciones se promovieron formas de involucramiento comunitarias o territoriales, que politizaron la participación de los individuos a través de sus acciones, construyendo nuevas subjetividades sociales. Este aspecto, muchas veces soslayado en el debate público, es fundamental para pensar los procesos de inclusión social de la década pasada, y para pensar, también, la potencialidad de los movimientos sociales. Esta “herencia recibida” es claramente el principal insumo y el punto de partida de la acción de estos actores sociopolíticos en la actual etapa.

 

 

El ajuste estructural de la economía encarado por la administración Macri (2016 – 2019), aún acompañado de un fuerte apoyo social en un primer momento, se encontró con este entramado de organizaciones sociopolíticas como los principales actores articuladores y canalizadores de la conflictividad social. Asistimos actualmente a un proceso de movilización social inédito desde hacía tiempo en nuestro país. La cantidad de acciones colectivas que se sucedieron desde el 2016, promovieron reclamos que atraviesan a vastos sectores sociales y que forman parte del acervo cultural y político de derechos socialmente adquiridos, y vuelven a instalar a la “calle” como escenario político insoslayable. Como señalan Filieule y Tartakowsky (2015), el regreso democrático de la década de los `80 institucionalizó la calle como recurso usualmente utilizado por cada vez más gente y en medios sociales cada vez más diverso. Estas “luchas” son expresadas en la calle en términos defensivos frente a las políticas de ajuste económico del neoliberalismo tardío, pero muestran una potencialidad importante para pensar la resistencia social al proyecto macrista. Las demandas sociales y la conflictividad se desplazaron de cuestiones vinculadas a la ampliación de derechos (donde las organizaciones demandaban más derechos y más institucionalización), a la defensa de derechos sociales y contra el deterioro de la calidad de vida, promovidos por la lógica económica del neoliberalismo tardío.

Reflexiones finales

El movimiento de la economía popular ha mostrado una intensificación de su actividad política a partir del cambio de ciclo abierto en Argentina durante 2016. Ya sea a través de las demostraciones de fuerza en acciones colectivas de protesta, como en su capacidad constructiva de formular, instalar, y sancionar propuestas legislativas de políticas públicas, han mostrado un potencial importante para la articulación de resistencias al neoliberalismo tardío.

En este artículo analizamos algunas de las características que a nuestro entender son sustantivas de estos movimientos sociales. Su trayectoria política y social previa y su inserción legislativa, su capacidad de articulación política con otros actores sociales y políticos, sus formas de construcción comunitaria y sus modos de involucramiento, y la masividad de sus reclamos son algunas de las características analizadas más importantes. La experiencia acumulada y los avances logrados claramente son el piso (alto) desde donde actúan. En este escenario, las demandas esgrimidas por ambos colectivos, obviamente, se constituyen en consignas y espacios fértiles para la construcción de alternativas políticas. Su masividad y su capacidad de convocatoria, permite que la articulación política con los diferentes actores partidarios y sus representaciones legislativas, les otorguen a estos movimientos mayor potencialidad política en sus reclamos.

El intentar respuestas sectoriales y técnicas, siempre parciales y fragmentadas, el Estado pierde legitimidad frente a las demandas expresadas. Las convocatorias al dialogo pueden ser eficaces sobre la opinión pública, pero carecen de viabilidad si no construyen acuerdos perdurables. El intento gubernamental de deslegitimar las mediaciones sociales a través de su constante desgaste público, acusando de “politizar” reclamos sociales, y por lo tanto utilizar los conflictos para la acumulación electoral, desconoce, por un lado, la importancia de las mediaciones en el funcionamiento democrático, y por otro, su rol estratégico en la integración de la sociedad.

La capacidad de representar intereses sectoriales, y su capacidad de articulación político legislativa son, claramente, un aspecto diferenciador de la acción de este movimiento. Obviamente, esto es producto de la herencia recibida, en cuanto al proceso de participación de los movimientos sociales en la etapa anterior. La articulación en la acción y en las iniciativas, nos permite suponer que la calle y el ámbito legislativos pueden ser los espacios de confluencia y articulación de la resistencia al neoliberalismo tardío. Muchos ejemplos de esto se han sucedido en la Argentina durante estos años. Su capitalización política partidaria está por verse, en cuanto que la construcción de herramientas electorales es un proceso complejo para la heterogeneidad social que expresan estos movimientos. Sus liderazgos, trayectorias políticas e ideológicas, así como sus marcos de acción y de alianzas, dificultan la posibilidad de entrever un proceso de emergencia de una alternativa política desde lo propios movimientos. En cambio, deberíamos poner el acento en la capacidad del sistema partidario, de leer y asimilar las demandas sociales que se expresan a través de estos movimientos, para capitalizar electoralmente su potencia política. De esto último depende la continuidad o no del neoliberalismo tardío en nuestro país y en la región. La potencialidad de resistencia de los movimientos sociales en todas sus posibles expresiones, depende de su capacidad de articulación y representación, así como de su capitalización en proyectos políticos electorales (aunque no coyunturales) de transformación. Esto es y fue siempre el quid de la cuestión.

 

 

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REFERENCIA

Astarita, M y De Piero, S (2017), Cambiemos y una nueva forma de elitismo empresarial, en García Delgado, D. y Gradin, A. (2017), “Neoliberalismo Tardío: Teoría y Praxis”, Documento de Trabajo Nº 5, Área Estado y Políticas Públicas, FLACSO sede académica Argentina.

Fillieule, O., & Tartakowsky, D. (2015). La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles. Buenos Aires: Siglo XXI.

García Delgado, D y Gradin, A. (2017), “Neoliberalismo Tardío: Teoría y Praxis”, Documento de Trabajo Nº 5, Área Estado y Políticas Públicas, FLACSO sede académica Argentina.

Gradin, A. (2017).La organización popular más allá del piquete. Revista Mestiza – UNAJ

Merklen, D. (2016) Biblioteca en Llamas. Cuando las clases populares cuestionan la sociología y la política, Buenos Aires, Ediciones UNGS.

Laclau, E. (2013). Representación y movimientos sociales. Izquierdas, (15).

Tapia, L. (2011). Política Salvaje. Buenos Aires: Waldhuter editores

Thévenot, L. (2016) La acción en plural: una introducción a la sociología pragmática. Buenos Aires, Siglo XXI editores.