YO SOY SOSPECHOSO, COMO VOS Y ÉL

Por: Alejandro Wall  

 

Desde 2016 para entrar a los estadios de la Ciudad de Buenos Aires hay que tener el DNI a mano. La determinación del ministerio de Seguridad de la Nación se tomó como una medida más en el mar de controles con los que se busca, supuestamente, terminar con los hechos de violencia en el fútbol argentino. Operativos policiales, vallados, rejas, restricción a los hinchas visitantes, banderas con tamaños limitados y espacios vacíos en las tribunas llamados “pulmones de seguridad”. A ese combo se le suma el derecho de admisión, a veces con criterios difusos, no siempre aplicado a barras. Y la cuestión no cambia cuando se pasa de jurisdicción: en la provincia de Buenos Aires la política es similar y, con el argumento de que se lucha contra las mafias, arrastra una larga lista de abusos policiales.

Pocos vieron la obligación de mostrar DNI como una forma de control social. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), lo advirtió en ese mismo momento: “Es acostumbrar a la gente de los sectores populares que ‘está bien’ que un policía los pare y les pida que se identifiquen. Busca legitimar las recientes medidas que ampliaron aun más las facultades policiales para detenciones arbitrarias”. Pero además convierte a todo hincha en un sospechoso, un barrabrava en potencia, aunque los episodios de violencia no siempre tengan que ver con los grupos organizados, por no decir que en muchos casos están relacionados directamente con accionar policial.

Desde las ciencias sociales, con muchos trabajos realizados por antropólogos y sociólogos, se demostró cómo las violencias que se desatan en una cancha tienen una lógica y están alejadas de la irracionalidad. Los gobiernos pasan pero se siguen realizando operativos policiales como si el problema estuviera únicamente en el cruce entre barras de distintos equipos, cuando lo que ocurre con más frecuencia es una lucha al interior de cada barra. Fuera de los lazos que unen a esas barras con diversos sectores políticos, sindicales y empresarios, la respuesta estatal se repite como parte de un modelo represivo y punitivista. No hubo políticas para pensar, por ejemplo, estadios más confortables, una mayor comodidad en los ingresos y menos desorganización para sacar una entrada. No se piensa a hinchas con derecho.

 

 

“El problema del modelo policial-disciplinario son todos los mensajes que trafica, bajo la premisa de que los lugares simbólicos crean siempre prácticas materiales (y viceversa): al avanzar sobre los cuerpos, contribuye a desinvestirlos de responsabilidades. Al quitarles -por ejemplo- el encendedor les está diciendo que son incapaces de cuidarse solos, los está infantilizando. Al arrinconarlos, los está animalizando. Al separarlos, les está diciendo que la rivalidad es peligrosa. Al enrejarlos, los está invitando a saltarla reja. Y al tener un doble estándar respecto de la barra los está agilando, les está diciendo que si quieren ser bien tratados, no hacer cola y no ser revisados tienen que ser de la barra y entrar por un costado”, escribe Juan Manuel Sodo, ensayista, investigador y consultor en políticas públicas de prevención de la violencia en el fútbol. Se trata de un fragmento inédito de un libro de próxima aparición.

Sodo identifica dos grandes modelos para la seguridad deportiva: el policial-disciplinario y el tecnológico-monetario. El primero está a la vista. El segundo es una especie de selección natural económica, a través de un aumento en los precios de las entradas y los abonos, lo que supone “la existencia de una relación directa entre la variable ‘conflicto’ y la variable ‘clases populares’”. “¿Cómo se concibe a los hinchas, como sujetos de derecho o clientes?”, escribe Sodo como parte de las preguntas que hay que hacerse para determinar cada modelo. Y a la vez sostiene que nunca hubo en el país una política pública de seguridad deportiva. “Lo más parecido que existió a eso –aclara- fue el área de seguridad deportiva de la provincia de Santa Fede la que participamos como asesoría. Esa secuencia tuvo tres etapas: ordenamiento y control político de la policía; apertura hacia otros actores y profundización con incorporación de conocimiento científico; cierre, capitalización electoral de lo hecho y mediatización”.

En el último tiempo, tanto hinchas de Independiente como de Racing denunciaron abusos policiales en los operativos que se realizan cuando alguno de esos equipos juega de local, ordenados por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), a cargo de Juan Manuel Lugones. En Independiente, cuyo capo de la barra, Pablo “Bebote” Álvarez, está detenido, la policía llegó a meterse en la tribuna para arrancar una bandera contra los arbitrajes que decía “Basta de AFAno”. En Racing, se acumulan testimonios de hinchas sin antecedentes policiales –y sin relación con la barra- que no han podido ingresar a la cancha por el programa Tribuna Segura y hasta fueron detenidos en la Comisaría 1º de Avellaneda. Socios que mientras hacen los trámites necesarios para pasar ese obstáculo, no pueden volver a la cancha.Esas voces quedan tapadas, sin embargo, bajo una suerte de sentido común: cállense, están queriendo limpiar a la barra. Son presentados como daños colaterales.

En los últimos días, la Aprevide denunció a la Municipalidad de Avellaneda por haber quitado unas cámaras de seguridad del estadio de Racing. El club las había colocado por orden de la agencia. Pero la intendencia argumentó que no puede haber en las calles cámaras de particulares. La Aprevide, en cambio, se quejó porque de esa manera no podía controlar los ingresos de los barras. Sin embargo, en ese pequeño detalle se juega una discusión: ¿con el pretexto de combatir a los barras se puede violar el derecho de otros ciudadanos, en ese caso hinchas, de proteger sus datos? Es la gran cuestión sobre la videovigilancia. Si lo mismo se discute en otros ámbitos, ¿Por qué no en la cancha?.

 

 

“Para prevenir hay que conocer. Y para conocer es indispensable reponer la voz del hincha, sus puntos de vista, los valores que subyacen a sus acciones. De lo contrario, y si se lo considera de antemano como un irracional, ‘la violencia’ aparece como lo impensable. De ese modo, se supondrá al evento fútbolístico como intrínsecamente peligroso. Este es el supuesto sobre el que se asientan en nuestro país los ‘operativos de seguridad’. Es como si todo el accionar de la policía estuviera pergeñado a partir de una hipótesis de conflicto”, escribió hace unos años un grupo de cientistas sociales en un documento llamado Diagnóstico y propuestas para la construcción de una seguridad deportiva. Allí, entre otros aspectos, se plantea que los hinchas tengan derechos y obligaciones, que se los escuchara.

Sin embargo, decisiones como la prohibición de visitantes profundizan la distancia con posibilidades de ese tipo. Sin un final concreto para esa medida, la prohibición operó para que se haya creado una nueva figura, la de los infiltrados, que incluso agregó una problemática como quedó demostrado con el crimen de Emanuel Balbo durante un partido entre Belgrano y Talleres el año pasado. Si bien el ataque se produjo, según se supo después, por otros asuntos, lo que generó la reacción de los hinchas de Belgrano fue que alguien dijera que Balbo era de Talleres. Balbo se convirtió en un sospechoso. Como lo son todos los hinchas para el Estado, aunque digan todo lo contrario.

 

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