CASTIGAR Y CASTIGAR

Por: Lucas Pedulla

 

Mientras el Servicio Penitenciario Federal incluyó al represor Alfredo Astiz en una lista como posible beneficiario de “medidas alternativas” de prisión, las unidades carcelarias hacinan y torturan a jóvenes sin sentencia. Dos informes reflejan la radiografía de una de las instituciones más olvidadas de la democracia argentina.

La inclusión del ex marino Alfredo Astiz, uno de los rostros más emblemáticos del terrorismo de Estado en Argentina, en un listado de posibles beneficiarios de “medidas alternativas de prisión” recomendado por el Servicio Penitenciario Federal, cayó como una provocación a días del 42 aniversario de la dictadura cívico-militar. El repudio fue unánime, incluso el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se mostró alejado de la posible medida que también incluiría a otros 16 represores, como el ex agente de inteligencia Horacio Martínez Ruiz, del centro clandestino Automotores Orletti, y el apropiador y ex carapintada Víctor Gallo.

No es la misma suerte que corren los presos en prisión preventiva: según el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), ese universo implica el 60 por ciento de las personas privadas de su libertad en el sistema federal.

 

La forma inhumana

El Registro anual de casos de tortura y/o malos tratos es un informe que realizan en conjunto la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudios de Sistemas Penales y Derechos Humanos (GESPyDH). El último documento lo presentaron en diciembre del año pasado: hallaron un promedio de 17 hechos de tortura o malos tratos por día durante 2016. Los organismos registraron un total 6391 hechos y 1953 víctimas.

El trabajo se realizó en 18 unidades penales y cinco institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, en 23 unidades del Sistema Penitenciario Federal, dos alcaldías penitenciarias, cuatro comisarías de la Policía Federal, una de la Policía Metropolitana y un escuadrón de Gendarmería en Jujuy. Así, sobre una muestra 688 casos, se registró que tienen un promedio de edad de 29 años y que casi el 94 por ciento son varones. Cinco de cada diez tienen entre 22 y 34 años.

 

 

El registro relevó que las malas condiciones de detención ocupan el primer lugar en casos descriptos de tortura y malos tratos: celdas inundadas, falta de refrigeración y calefacción, de agua, ausencia de colchones, ropa de cama y elementos de higiene y limpieza, hacinamiento, celdas y pabellones con insectos.

 

 

En segundo lugar como hechos de tortura está el aislamiento. Uno de los relatos: “[Durante el aislamiento en celda propia] te pasan en una bolsa la comida por un espacio chiquitito. Casi ni comí, estuve a té y a pan. La comida es horrible. La carne es incomible, es re dura, viene como osobuco, no sé qué es. Encima tenemos un solo calentador. 50 personas para un ‘fuelle’. ¿Cómo hacés para cocinar, para tomar unos mates? Buscamos horarios que nadie cocine, porque trae conflictos. Digamos que estamos en una forma inhumana. Está bien que estemos presos, pero no como perros”.

El informe registró 378 víctimas de falta o deficiente alimentación: cuatro de cada diez dijo que pasa o pasó hambre en los últimos 2 meses. La mitad, en períodos que van de 1 a 10 días, pero casi un 18 por ciento refirió que llevaba 60 días o más en esa situación. Por si fuera poco, un 25 por ciento manifestó que la comida le daba “dolencias”.

 

 

“Las amenazas de muerte y de nuevas agresiones físicas ponen de relieve la impunidad con que cuenta la agencia penitenciaria por la falta de investigación judicial”, afirma el informe, que registró 319 víctimas de amenazas: seis de cada diez denuncias tienen que ver con otras torturas o malos tratos que sufrió la víctima. “Resulta evidente que la potencial o efectiva denuncia no amedrenta a los agentes ni los obliga a cesar en las prácticas de agresión y hostigamiento sino que, por el contrario, despliega una serie de prácticas de ocultamiento legitimadas institucionalmente”.

 

 

El diagnóstico olvidado

Luego de las sesiones de evaluación en Ginebra el 26 y 27 de abril de 2017, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) señaló al Estado argentino una serie de incumplientos con duras observaciones y reclamo de medidas urgentes. No solo el Comité exigió al Estado la “armonización” de la tipificación del delito de tortura del artículo 144 del Código Penal con la definición que establece la Convención (incluir como sujetos activos del delito de tortura a personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas y la instigación con el consentimiento de funcionarios públicos), sino que reclamó la creación de un registro nacional para recopilar información de tribunales nacionales sobre casos, una mayor protección de grupos en situación de vulnerabilidad, el cumplimiento de las requisas personales según las normativas internacionales y el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.

 

En ese sentido, el Comité exigió “medidas urgentes” sobre estos ocho puntos.

– Torturas y malos tratos en centros de detención. El Comité manifestó su “profunda preocupación” por denuncias sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. ¿Qué tipo de prácticas? Asfixias con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, castigos colectivos, registros personales “invasivos y vejatorios”, “traslados arbitrarios” de detenidos lejos de sus familias como “castigo encubierto”.

– Violencia policial. El Comité alertó por los “patrones de violencia y arbitrariedad” de las fuerzas policiales federales y provinciales, y subrayó que la mayoría se dan en el marco de “detenciones policiales sin orden judicial” sobre una población en la que hay “particularmente jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva”. El Comité menciona el caso de Lucas Cabello, el joven baleado por el oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteño de La Boca en 2015: le disparó en tres ocasiones con su arma reglamentaria, dos de ellas cuando el joven estaba herido en el piso. El informe también recomienda restringir el recurso de la detención a situaciones de flagrancia y a la existencia de una orden judicial previa, tal como establece la sentencia Bulacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Si bien el Comité no lo nombra, en esa línea se inscribe el “Fallo Vera” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que el 23 de diciembre de 2015 resolvió por mayoría que la Policía Federal está habilitada a pedir DNI a cualquier persona y al azar.

– Condiciones de reclusión. El Comité cuestionó la “degradación” del sistema penal y el “aumento sostenido” de la población penitenciaria a partir del 2009, “agravando los niveles de sobrepoblación ya existentes en varias provincias y resultando en el estado de emergencia penitenciaria en la provincia de Buenos Aires”. En particular, apuntó su preocupación por el impacto que ha tenido la aplicación de normativas en materia de estupefacientes “en el aumento de la población femenina encarcelada”. A su vez, remarcó como una “práctica” habitual la detención de personas de forma prolongada en las dependencias policiales, pese a no estar preparadas. Así mencionó el incendio que ocurrió hace un año en la Comisaría 1° de Pergamino, en Buenos Aires: murieron 7 personas detenidas.

 

 

– Medidas privativas de libertad, aislamiento y muertes. El informe cuestionó que seis de cada diez detenidos estén en prisión preventiva, y acreditó como recurso frecuente “modalidades de aislamiento no reglamentadas y sin control judicial”. Por otro lado, apuntó “el elevado número de muertes en detención”. El Comité no solo lamentó que los datos aportados por el Estado solo alcanzan al SPF (43 muertes por año, según cifras que presentó entre 2008 y 2016), sino también que existe una “discrepancia” con los datos aportados por otros organismos: estos contabilizan un total de 1930 muertes en todo el país desde 2010.

– Detenciones por razones migratorias. “Preocupa la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley 25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión”. El Comité constató que el DNU habilita, además, la retención preventiva desde el inicio del procedimiento sumarísimo hasta su expulsión, que podría extenderse a 60 días, “sin tomar en consideración medidas menos coercitivas ni el riesgo de fuga de la persona”. El Comité pidió al Estado la derogación o la enmienda del DNU para que las personas sujetas a expulsión puedan disponer del tiempo para recurrirla a nivel administrativo y judicial. No lo hizo el Estado sino la Justicia: la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró el viernes su “invalidez constitucional”.

– Detenciones por motivos de discriminación. “Preocupa además al Comité las informaciones que dan cuenta de las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”. El Comité puntualizó que ha habido 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble respecto al año anterior.

– Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de lesa humanidad. Expresó su preocupación por la demora en la tramitación de las causas judiciales aún pendientes y el “debilitamiento de oficinas públicas” que dan apoyo a esos expedientes. En ese sentido exigió “agilizar el procesamiento y los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar” y recomendó el mantenimiento de las políticas de memoria mediante la preservación de los archivos y los sitios de memoria. Un dato: según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de las 592 causas judiciales por estos delitos, la mitad permanece en etapa de instrucción.

– Violencia machista. “Preocupa al Comité el alarmante número de casos de feminicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas bajo jurisdicción federal”. Los integrantes de Naciones Unidas instaron al Estado para que intensifique los esfuerzos para combatir todas las formas de violencia -incluida la que se produce dentro de los centros de privación de libertad- y que vele para que se enjuicie a los presuntos autores y que las víctimas obtengan una “reparación integral del daño”. Al igual que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con respecto a las mujeres en detención, pidió que el Estado desarrolle y mejore los programas de acceso a la salud de las mujeres en detención a nivel federal y provincial.

 

 

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REFERENCIA

Fotos: Corina Figún