ANTECEDENTES VECINALES

Por: Ignacio López

 

La idea de vecindad es muy sencilla, en el lenguaje coloquial implica la cercanía física del lugar de vivienda de determinadas personas. Vecinos son los que comparten un edificio, una cuadra, una manzana y, flexibilizando su extensión, un barrio. En otros países de Latinoamérica, la vecindad es una estructura edilicia donde los sectores populares conviven en pequeños módulos habitacionales alrededor de un patio común, esta estructura puede ser comparada con los conventillos que se desarrollaron en Argentina desde finales del siglo XIX. Si se refiere a objetos, la vecindad es una relación espacial entre ellos. Mucho más que eso no hay, es decir, nada más que una relación espacio temporal entre dos objetos (o sujetos) o conjunto de ellos.

Pero en los momentos de transformación del pensamiento, existen grandes personajes que, con mucha imaginación, pretenden revolucionar conceptos cotidianos para darle un alcance mayor. La policía de Tucumán no es ajena a la presencia de este tipo de cambios y de pensadores capaces de subvertir el lenguaje y construir nuevos consensos sociales. Y eso es justamente lo que pasó con el Sub Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Francisco Vicente Picón, cuando buscaba justificar el accionar de los policías que dispararon por la espalda contra Facundo Ferreira (11 años) y causaron su muerte, el jueves 8 de marzo, luego de una persecución. En una entrevista que concedió al programa radial de Ernesto Tenembaum, el segundo al mando de la fuerza de seguridad provincial acuñó un concepto poco ajustado al derecho argentino. Para explicar que los policías se defendían de brutos agresores el funcionario explicó que “esa gente ya viene con antecedentes familiares y [atención] vecinales”.

De las palabras del oficial se deduce que aquellos que tienen una cercanía espacio-temporal con personas con antecedentes delictivos, son cuando menos sospechosos, sino culpables de delitos que cabrá esclarecer cuáles son en otro momento. En principio la fuerza de seguridad debe actuar sobre ellos y hacerles sentir el peso de la “ley”.

La propuesta punitiva del funcionario policial no tiene ningún asidero legal. Un delito en Argentina no es lo que a un agente policial le parezca. El delito se configura por una acción antijurídica, es decir una acción que deliberada o accidentalmente contradiga las normas tipificadas en las leyes. Y un elemento casi esencial, los delitos no se heredan, no se transfieren, solo quien comete la acción antijurídica puede ser juzgado por ella. Aquí no importa si sus padres, sus tíos abuelos, sus primos y mucho menos sus vecinos han cometido un delito, este no puede ser endilgado a un tercero y, (si esto no fuera una cuestión absoluta e indiscutible y fuera más una cuestión de gradualidad), mucho menos a un menor.

La posibilidad de un enfrentamiento armado entre los menores y la policía es una incógnita. Los hechos alrededor de la muerte de Facundo aún no son claros. Desde la fiscalía se informó que existe un análisis que dio positivo a la presencia de pólvora en las manos del niño y del joven de 16 años que manejaba la moto, lo que avalaría la versión de los agentes que causaron la muerte del niño. Sin embargo la familia Ferreira insiste en que la primera prueba que se realizó dio negativa. Esta discrepancia debería resolverse con un nuevo examen que se realizará en Salta para evitar suspicacias. Los familiares de Facundo además insisten en la existencia de un taxista que fue testigo de los hechos y niega la versión del tiroteo, pero no se anima a declarar por miedo a la institución policial.

 

 

Como se dijo más arriba, el concepto de antecedentes vecinales proviene de un pensador de las canteras policiales. No hay que ser conservadores. Aquí tomamos la propuesta de reconstruir los antecedentes vecinales de la policía tucumana.

Ismael Lucena de 25 años, asesinado en 2011 por Arturo Monserrat y Mondino Becero, dos policías de civil que lo atacaron tras confundirlo con otra persona.

Miguel Reyes Pérez de 26 años, fue perseguido por los agentes “Rambito” Navarro y  Figueroa, el 24 de diciembre de 2016, después de dispararle a quemarropa con balas de goma lo golpearon con la culata de la escopeta y murió a los pocos días.

Aníbal Álvarez, volvía del carnaval de Ranchillos el 11 de marzo de 2013, Carlos Alberto Reyna, un agente de civil, lo interceptó y empezó a agredir a su amigo Oscar, argumentando un rayón en su camioneta. Aníbal trató de defender a su amigo y el policía le disparó en la cabeza sin mediar palabras.

El 9 de diciembre de 2013, la policía tucumana se amotinó y alentó una ola de saqueos y violencia. En el caos generalizado la represión fue brutal. El número oficial de muertos fue de 8, organismos de derechos humanos cuentan al menos 30.

Ariano Biza y Emanuel Gallardo murieron en un incendio en una comisaría de Yerba Buena, el 29 de junio de 2015, llevaban 10 días presos por delitos menores.

En septiembre de 2013 se filtró un video de un policía torturando a un joven dentro de una comisaría. El joven tirado en el piso sin remera y esposado era golpeado y luego obligado a imitar sonidos de animales. Otro video similar se filtró en septiembre de 2015, un joven es brutalmente golpeado por un agente que le endilga falta de respeto.

Para muestra basta un botón. Los apremios ilegales son moneda corriente en las comisarías de las barriadas humildes, y denunciadas constantemente por asociaciones de derechos humanos. La expansión endémica del Paco es inexplicable sin la convivencia de la fuerza policial, complicidad que ha sido denunciada infinidad de veces por las Madres del Pañuelo Negro y la Hermandad de los Barrios, dos organizaciones de base que luchan contra el aumento del narcotráfico en Tucumán. Los casos de gatillo fácil se repiten sin que la institución policial reciba un llamado de atención y los culpables, con suerte, son condenados como individuos que se salen de la norma, cuando la norma parece ser que la primera reacción ante este tipo de casos, es la defensa corporativa y el encubrimiento.

Por si hiciera falta aclarar la familia Ferreira no tiene antecedentes penales. En realidad la familia Ferreira no tiene casi nada. Lo poco que tenían eran los sueños de un chico de 12 años y, hoy, las palabras de su tía Rita, que recuerda ese deseo de construir, a través del fútbol, una vida mejor para su familia, lejos de las carencias. El sueño de un niño de 12 años de salir de su barrio y regalarle a su abuela una casa grande.

Entonces las preguntas cambian de tono. Ya no solo se refieren a las circunstancias específicas en las que un niño de 12 años muere con un balazo en la nuca, un balazo disparado por un policía, y una institución policial con sobrados antecedentes de violencia. La preguntas giran también alrededor de una situación que suele repetirse, la de revictimizar a la víctima. Un niño pobre muere bajo fuego policial y automáticamente se convierte en delincuente, nada menos que en una sociedad que no sabe qué hacer con la delincuencia, que no sabe cómo evitarla porque perdió la memoria y el sueño de la movilidad social, porque encontró en los discursos represivos las soluciones rápidas que ni son rápidas, ni solucionan nada.

En lugar de buscar modificar el lenguaje y el derecho, para criminalizar a chicos de 12 años en situaciones de vulnerabilidad, deberían usar esa imaginación para encontrar soluciones a las causas que expulsan a grandes sectores de la sociedad argentina a la marginalidad y repensar tanto el rol de las fuerzas de seguridad, como su relación con los sectores populares.

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