ABORTO EN LOS BARRIOS POBRES O TESTIMONIOS CONTRA LA HIPOCRESÍA

Por: Diego Bartalotta y Corina Figún

 

“No tuve acceso a una consejería y tampoco sé si el método que use fue bueno o malo. Me introduje dos pastillas vía vaginal e inmediatamente dos pastillas vía oral, esto me produjo un sangrado leve de 7 horas que al día siguiente se cortó. Luego me introduje 12 pastillas de Oxaprost vía vaginal, mediante un grupo feminista que me ayudó telefónicamente”.

Laura vive en Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas. Laura no es Laura, simplemente protegeremos su nombre, aunque en el conurbano bonaerense hay muchas más invisibilizadas. Cuando tuvo que interrumpir su embarazo no se sintió acompañada, algo frecuente en las mujeres que tienen que atravesar esto. La mirada que prejuzga también aísla. Ella no sabía que el Oxaprost es el nombre comercial de un medicamento que contiene misoprostol y diclofenac, el primero produce contracciones uterinas y por eso provoca el aborto, tampoco le recomendaron abrir la pastilla al medio y quitarle el núcleo de diclofenac.
“Empecé a tener fiebre y muchas pérdidas. Estaba mareada pero más que nada asustada. Tenía vergüenza y miedo” nos cuenta.

Por aquellos días fue a un hospital público de Pablo Nogués, la hicieron esperar en una silla de ruedas. Recuerda que la sala estaba desbordada, entonces angustiada se fue a una clínica privada de San Miguel, allí la médica le dijo que no podía atenderla porque corría riesgo su vida. Ella y su pareja, ante el miedo de una posible denuncia, se fueron de la clínica.
Llegó a un hospital en San Martín donde fue atendida, tenía una pequeña infección. Se sintió contenida por primera vez, incluso le brindaron una explicación que la tranquilizó.
“No tenés el amparo de nadie. Es todo por lo bajo, nadie quiere hablar de más” dice Laura.

El relato de Laura es uno entre miles de relatos de mujeres pobres expuestas a una triple condena: una justicia que desconoce legislaciones vigentes (o se hace la distraída) en materia de aborto legal en Argentina, médicos que violentan pacientes y las denuncian a la policía vulnerando el derecho al secreto profesional, y por último, una sociedad disciplinada que repite “el discurso Feinmann” donde el escarnio social es locomotora de un tren sin rumbo en un país con cada vez menos vías.

Mujeres víctimas de un relato histórico, violento y machista, pleonasmo necesario donde el varón embaraza (da vida) y la mujer aborta (la quita).

¿Por qué debatimos alrededor de la muerte cuando se trata de salvar vidas? ¿Cómo aportar un punto de vista entre tantos otros? Nosotros optamos por entrevistar a 4 mujeres que tuvieron que interrumpir sus embarazos y a médicos que asisten y contienen este tipo de situaciones.

 

 

Ellas
En contextos de pobreza la salud es menos salud y el acceso a la información es complicado, aun en tiempos de sobreinformación en distintas plataformas. Hay dificultades para todos los gustos, que van desde la falta de difusión del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado en 2002, luego de la sanción de la ley 25.673, pasando por trabas para el abastecimiento de anticonceptivos, hasta la impermeabilidad de las escuelas confesionales para garantizar la implementación de la educación sexual, y no hablamos de provincias como Tucumán, Salta o San Juan que ni cerca estuvieron de adherir a la Ley Nacional 26.150 (Educación Sexual Integral), sino del mismísimo conurbano, donde la sotana esconde todo atisbo de laicidad tanto en escuelas públicas como en los emergentes colegios confesionales.
Lo que no se aprende tampoco se hereda, surgen zonas grises, mitos, confusiones y ausencias como la del Estado. ¿Cuáles son las exigencias para una ligadura de trompas? No sabe, no contesta, porque no hay divulgación pública, o por ejemplo, la llamada “pastilla del día después” : ¿de quién depende la divulgación de la anticoncepción hormonal de emergencia? ¿Cómo saber que se puede utilizar hasta las 72 horas posteriores a una relación sin protección, rotura de preservativos o violencia sexual? La ginecóloga Verónica Cóppola entrevistada por la revista THC [N° 107] afirmó que la pastilla del día después no debe usarse más de dos veces al año y por ende no es conveniente utilizarla de forma rutinaria en reemplazo de los métodos tradicionales de control de natalidad.

La sociedad carga a upa de las mujeres la responsabilidad de atender, recordar y resolver. En eso no hay diferencias de clase. A todas palo y a la bolsa. El paradigma no perdió vigencia y señala con el dedo: la prevención del embarazo es un tema de ellas. Ellas resuelven, y en general, solas.

En el barrio los abortos suceden, como en cualquier otro sector social, aunque una combinación de conservadurismo popular y un imaginario estructurado al calor de creencias religiosas, fraguan una oposición no menor.

 

 

“Éramos una pareja estable, convivíamos hacía un año y la situación económica no era buena, ese fue uno de los motivos que me llevaron a tomar la decisión, otro fue la edad de ambos”.
Mariana tiene 26 años, vive en la Tablada, interrumpió su embarazo a los 19 años. No tuvo acceso a una consejería, ni acompañamiento. Como muchas, utilizó pastillas. Recibió ayuda de una compañera y de su pareja, sin embargo no pudo evitar el maltrato recibido en el hospital cuando tuvo inconvenientes posteriores a la interrupción. “Enfermeras y médicas del hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía me hostigaron y presionaron para decir que fue un aborto y no algo natural” dice. También recuerda que tiene amigas y familiares que se realizaron abortos, algunas menores de edad.

En los auriculares de Nancy suena Damas Gratis, su banda preferida.
-“Ellos son de San Fernando como yo”, dice con cierto orgullo territorial.
Tiene 25 años y abortó unos meses atrás. “En ese momento estaba sin trabajo, con un hijo de dos años y sin la estabilidad de un hogar. Esos fueron los motivos y el no querer otro hijo. En la sala de salud pública tuve acceso a la consejería donde me dieron los pasos a seguir. Lo hice mediante las pastillas Misoprostol, pero nunca estuve muy segura, aunque la médica me despejó algunas dudas por mensajes de texto aislados. El tema se complicó ya que el método no funcionó del todo, así que fui al hospital y me realizaron un raspaje porque tenía el cuello del útero dilatado y corría fuertes riesgos de infección”. Nancy conoce a varias amigas del barrio que tuvieron que abortar y está convencida de que a pesar de esto, el prejuicio sigue instalado.

Erika tiene 30 años, vive en Ramos y tuvo que interrumpir el embarazo a los 14 años.
“Estaba de vacaciones, fue con un chico mayor que yo y por desconocimientos de los métodos de anticoncepción y estas supuestas verdades de que si acabás afuera no quedas embarazada” dice con resignación.

“Fue todo una vorágine porque el embarazo estaba avanzado, de casi 4 meses, donde no me había dado cuenta de los síntomas, estaba en una depresión y no sabía lo que me pasaba.
Mi vieja tenía ahorros y tuve la posibilidad de acceder a una clínica privada, me hicieron un aborto a través del raspaje”. Nos cuenta que en la familia nunca se habló del tema y solo sintió la compañía de su mamá. Todavía recuerda patente la mirada de la doctora que le dijo: “¿cómo no dijiste nada, cómo no te diste cuenta?”.

 

 

Los “aborteros”

Solamente en el Municipio de San Martín hay 21 salas de salud, todas poseen equipos médicos que participan de capacitaciones para la realización de consejerías pre y post aborto. Aunque no todos practican las consejerías, sí abordan a las mujeres de forma tal de poder derivarlas correctamente. Visitamos al equipo médico de uno de ellos, el Centro de Atención Primaria Eva Perón, de San Andrés, quienes estuvieron dispuestos a contar cómo es el proceso de las consejerías, que consisten en el acompañamiento de las mujeres que se acercan al centro médico con el deseo de interrumpir un embarazo.

“Lo primero que debemos corroborar cuando llega un caso de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) es si la paciente está efectivamente embarazada, y de cuántas semanas. En este centro de salud, y en la mayoría, se realizan estas prácticas hasta la semana 12. Ni bien llega uno de estos casos realizamos una ecografía para determinar tiempo de gestación. Luego, para enmarcar el caso dentro de lo que es una ILE, nos basamos en la definición de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Dentro de la legislación vigente en nuestro país, hay dos causas que la justifican: causal violación y causal salud integral. Salud integral es vulneración de su salud física, psíquica o social”, nos explica el cuerpo médico en cuestión.
Ellos sostienen, amparados en la definición de la OMS, que cualquier mujer que desee interrumpir un embarazo y no puede hacerlo, ve vulnerada su salud.

Desde 1921, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L” de 2012, el aborto es legal si representa un riesgo para la vida de la persona gestante o si es producto de una violación. Dicho fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.
El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) fue publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación para estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho.

Hasta septiembre de 2017, apenas 9 de las 25 jurisdicciones han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. Estas son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Otras 7 dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan el acceso a servicios de aborto seguro: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Las 8 jurisdicciones restantes – Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán– no cuentan con normas locales.

 

 

“Para nosotros el único motivo válido es que ella no quiera continuar con ese embarazo. Pero para llenar la historia clínica necesitamos un par de datos para validar esta cuestión de la interrupción legal del embarazo. En este sentido, consideramos que todas las mujeres que deseen interrumpir un embarazo tienen vulnerada su salud desde lo psicológico, desde lo social, lo físico. O sea, siempre tienen un motivo para hacerlo”.

Luego de completar la historia clínica y enmarcar la práctica, comienza el seguimiento del caso. Las pacientes son atendidas con rapidez y sin turno previo. El informe médico se realiza ese mismo día, sin importar el horario. Quizás una cuestión generacional (ninguno/a de los seis médicos/as superan los 35 años) permita no solo la celeridad sino el giro en la mirada.
“Puede suceder que existan casos más complejos. Cuando hay una situación de ILE que el centro de salud no se encuentra capacitado para abordar, por ejemplo por la edad gestacional de la mujer o pasadas las 12 semanas de embarazo, desde el centro de salud nos contactamos con el programa municipal de salud sexual, y desde el programa hay dos caminos: se deriva al Hospital Thompson o, si el caso es rechazado por el hospital, se deriva a la región sanitaria 5ta, que es la Provincia de Buenos Aires”.

Una de las doctoras aclara “ese mismo día que se ve a la mujer y se decide hacer la derivación, se la pasa al programa. La coordinadora del programa está disponible todo el día. La podemos llamar a las 8 de la noche contándole de la mujer que vimos a la tarde, y ella va a recepcionar el informe. El circuito se activa rápido. Después las demoras que hay son más a nivel del hospital o de la región sanitaria. La mayor traba está ahí. Los niveles más abajo actuamos rápido”. El mensaje es claro, son constantes los avances y también los retrocesos en la resolución de casos.

 

 

En junio del año pasado, el equipo médico de dicha sala de salud comenzó a realizar un archivo de las mujeres que llegan con la intención de realizar un ILE. Desde ese momento hasta a actualidad, registran 61 casos. El aborto continúa siendo la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de las provincias del país. Las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de mortalidad materna en 17 de las 24 provincias. En los hospitales públicos de todo el país se registran 53.000 internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15 por ciento corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años y alrededor del 50 por ciento a mujeres de entre 20 y 29 años.

Además de los problemas dentro del propio circuito, la realidad que estos médicos y médicas detallan, desmonta muchos mitos relacionados al aborto: “No se acercan solo chicas jóvenes o cercanas a la adolescencia. Mujeres de todas las edades consultan por interrupciones del embarazo y la mayoría de las mujeres que se acercan realizarlo utilizaban un método anticonceptivo en el momento en que quedaron embarazadas” dice uno de ellos, mientras revisa planillas en la computadora.

Una de las médicas vuelve, ya que a mitad de la entrevista fue avisada de un caso de traumatismo severo recién ingresado, y retoma la conversación “Hace poco nos contactó una mujer que le habían hecho una ligadura de trompas y quedo embarazada igual. En el hospital donde le hicieron la ligadura no se quisieron hacer cargo y le dijeron `ahora lo tenés que tener´”.

La violencia de género no queda al margen de estas situaciones y en muchos casos se materializa como un impedimento para que las mujeres utilicen métodos anticonceptivos. “Llegan casos donde la pareja de la paciente no quería usar un método o no quería que ella use. Es muy frecuente que surjan esas cuestiones por eso las anotamos como pacientes en seguimiento. Abordar y brindarle los recursos de género que hay en el municipio para ver si podemos seguir conteniéndola. Lo interesante de trabajarlo desde un centro de salud es que nosotros no nos basamos en la guía solo desde lo médico sino que acompañamos a la mujer desde la cuestión sociológica y psicológica que va mucho más allá de la interrupción, y muchas terminan siendo pacientes del centro de salud”.

En un país que adolece de proyección de mediano plazo y no asume al Estado como una organización con responsabilidad atemporal sino como una casa de vacaciones ¿Seguiremos mucho más tiempo en las sombras de la clandestinidad?

---

 

REFERENCIA

Fotos: Florencia Silva