MEMORIAS DEL GATILLO FÁCIL

Por:Daniel Menéndez

 

 

“Tampoco es bueno en la ciudad ser un niño

que crece a las patadas, come a los saltos,

vagabundea a más no poder,

se apodera de una fruta, arrastra una cartera,

ve a un policía y corre, le tiran por la espalda,

le pegan en la cabeza…

Hay un instante que separa lo que está vivo

de lo que está muerto…

Es un instante fugaz la eternidad…”

El niño y el policía, Vicente Zito Lema

 

El próximo 8 de mayo se cumplen 31 años de la masacre de Budge,  en la que los jóvenes Agustín Olivera, Oscar Aredes y Willy Argañaraz, fueron asesinados por tres policías que los acribillaron y luego simularon un enfrentamiento.

Vale la pena hacer memoria. El término gatillo fácil es, a estas alturas, tan común y tan utilizado para describir una triste realidad, que ya no hace ni falta explicar lo que quiere decir.  Pero siempre hace falta hacer memoria.

En la masacre de Budge, el suboficial Juan Ramón Balmaceda, y los cabos Isidro Romero y Jorge Miño, fueron los que dispararon contra Olivera, Aredes y Argarañaz sin mediar más que un grito. Olivera, de 26 años, y Argarañaz, de 24, estaban tomando unas cervezas en una esquina a pocos días de haber perdido sus trabajos. Minutos antes, habían pasado por el bar La Angiulina con Daniel Mortes, otro amigo y vecino. En ese bar, los tres habían discutido con la dueña y habían golpeado la puerta, dejando un vidrio roto.

Eso fue lo que denunció la dueña en la comisaría de Puente La Noria y fue motivo suficiente para que los policía llegarán a la esquina y abrieran fuego contra los jóvenes. Balmaceda con su arma reglamentaria, Romero con una ametralladora y Miño con su 9 milímetros. Aredes y Olivera —un vecino de 19 años que se detuvo a charlar en la esquina en el camino a hacer los mandados— cayeron fulminados.

Argarañaz fue herido en una pierna, varios vecinos fueron testigos de cómo los policías lo subieron vivo a un F-100.

Argarañaz aparecería con tres tiros en la cabeza. Los cuerpos de Olivera y Aredes rodeados de armas plantadas por los policías para simular un “enfrentamiento”.

Este caso pasó a la historia como el primer caso de gatillo fácil luego de la vuelta de la democracia. Hoy el gatillo fácil es una realidad cotidiana en los barrios pobres, y el resto de la sociedad se entera de apenas una pequeña parte de los casos. Tanto es así que cuesta creer que en lo que va de gestión macrista, haya habido un muerto por gatillo fácil por día.

El pasado 23 de diciembre, días después de la violenta represión llevada a cabo para impedir y acallar la bronca de la gente ante la aprobación de la Reforma Previsional; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su Informe contra la Represión Policial e Institucional con cifras alarmantes: durante los 721 días que llevaba el Gobierno de Cambiemos hubo 725 muertos por gatillo fácil. Es decir, un muerto diario.

María del Carmen Verdú, dirigente de Correpi (que también fue entrevistada por Tercer Cordón para nuestro #TemaCentral sobre Derechos Humanos), describe la actual etapa política como una de las más represivas de la historia argentina, y habla de un pico represivo desde la vuelta de la democracia.

Lo cierto es que los barrios pobres están plagados de historias de gatillo fácil. Los nombres de jóvenes asesinados en manos de las fuerzas de seguridad se amontonan en la memoria colectiva de los barrios populares.

En los últimos meses dos casos llegaron a los grandes medios de comunicación, que dicho sea de paso, no siempre se caracterizan por mostrar todos los casos de gatillo fácil o de abuso policial. Son lo casos de Facundo Ferreira y Juan Pablo Kukoc. El primero impactó por la joven edad de Facundo, un niño tucumano de 12 año que fue baleado por la espalda. El segundo indignó porque el Presidente Mauricio Macri recibió al agente Luis Chocobar para brindarle su apoyo, luego de que la Justicia lo procesara por el delito de homicidio en exceso de la legítima defensa.

Elementos que se repiten: las víctimas del gatillo fácil son en su mayoría provenientes de los sectores populares, los victimarios no cumplen sus condenas. Nuevos elementos: un recrudecimiento de los abusos por parte de las fuerzas que velan por el “orden” social y un gobierno que demuestra estar a favor de la escalada de violencia.

En los barrios humildes, el 67% de la gente siente desconfianza por las fuerzas de seguridad. No es para menos, un 59% dice haber sufrido insultos o amenazas, y un 21% maltrato físico (golpes, patadas, cachetadas, bastonazos, empujones).

Casi el 90% afirma, además, cree que la Justicia hace diferencia entre ricos y pobres, y un 74% entre argentinos y extranjeros.

El 59% de las personas que han sido detenidas en los barros populares declaran haber sufrido maltrato físico. A su vez, la mitad de los detenidos no contaron con un abogado o abogada.

Cuando hablamos de Derechos Humanos, hablamos también de los derechos de los que menos tienen. Por eso este 24 de marzo no podemos olvidarnos de todos esos pibes que mueren en los barrios porque para las fuerzas de seguridad en nuestro país, ser joven y pobre es un delito que merece la pena de muerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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