La conmemoración del último golpe de Estado llega en un contexto de agudización de las peores prácticas de violencia policial en Argentina -ejecuciones en la calle, fusilamientos por la espalda- mientras el Estado califica como “un detalle” el asesinato de un niño de 12 años en Tucumán. Por qué la llamada “doctrina Chocobar” sólo es un emergente de una política aún más siniestra.
“No entiendo cómo los jueces dicen que se excedió”, dijo el Presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa horas después que la Cámara del Crimen ratificara el procesamiento del policía bonaerense Luis Chocobar, luego que asesinara por la espalda al joven de 18 años Pablo Kukoc mientras escapaba tras robar y herir de gravedad con arma blanca a un turista en el barrio porteño de La Boca. Según los testimonios y las pruebas reflejadas en los fallos del juez de primera instancia Enrique Velázquez y de los camaristas Julio Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo, Chocobar disparó siete tiros: tres al aire y, de los restantes cuatro, dos impactaron en el cuerpo del joven, que murió cuatro días después en el Hospital Argerich.
“Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ese día, desde Chapadmalal. “El juez que haga lo que quiera, nosotros vamos a llevar adelante la defensa de la acción, no vamos a dejar que se construya la doctrina de que el delincuente tiene razón”.
La defensa cerrada del Gobierno sobre el policía -que incluyó que el propio Presidente lo recibiera en Casa Rosada- instaló la llamada “doctrina Chocobar”. La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú, subraya a Tercer Cordón que Chocobar es solo un emergente de una política aún más siniestra. “Es orden de matar. Algunos dicen que el Gobierno dio luz verde, otros que les soltó la mano, lo que ubica la responsabilidad solo en la cabeza del policía: hace años decimos que no es un policía sino toda la institución, y que es el brazo armado del Estado administrado por el gobierno de turno. Cuando Macri abraza a Chocobar, lo que está transmitiendo al conjunto de esos aparatos represivos es que se necesitan más policías así, y cuando lo trata como un héroe y lo felicita, lo que hace es dar orden de tirar a matar. Por eso hablamos de una pena de muerte formalmente puesta en vigencia sin molestarse en firmar un decreto: es un estado de excepción de hecho”.
¿Cómo se entendió ese mensaje?
Algunos ejemplos.
“Mataron a mi negrito”, escribió Mercedes del Valle Ferreira en La Garganta Poderosa. Es la abuela de Facundo Ferreira, el niño de 12 años ejecutado por la policía tucumana de un tiro que le entró por la nuca y le salió por la frente. También tenía múltiples heridas de bala de goma en el brazo, al igual que el amigo con el que viajaba en moto. Los dos policías involucrados, Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, fueron liberados por la fiscal a las pocas horas del fusilamiento.
El Gobierno reaccionó de la misma manera que en cada caso de violencia estatal. “Disparar o no por la espalda depende de la situación, es un detalle”, dijo Bullrich. Según el último informe de Correpi, en 721 días del Gobierno de Cambiemos ocurrieron 725 detalles: es decir, más de un persona por día muere en Argentina por violencia estatal. La evaluación es alarmante: constituye el mayor pico represivo del país desde la vuelta de la democracia en 1983. El crimen de Facundo Ferreira en Tucumán se enmarca en ese contexto y en la escalada represiva post Chocobar.
No es el único caso.
Estos son sólo algunos casos que trascendieron en diversos medios comerciales.
Por su parte, Correpi contabilizó al menos 45 casos solo en lo que va de 2018.
Fotos: Télam