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La conmemoración del último golpe de Estado llega en un contexto de agudización de las peores prácticas de violencia policial en Argentina -ejecuciones en la calle, fusilamientos por la espalda- mientras el Estado califica como “un detalle” el asesinato de un niño de 12 años en Tucumán. Por qué la llamada “doctrina Chocobar” sólo es un emergente de una política aún más siniestra.

“No entiendo cómo los jueces dicen que se excedió”, dijo el Presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa horas después que la Cámara del Crimen ratificara el procesamiento del policía bonaerense Luis Chocobar, luego que asesinara por la espalda al joven de 18 años Pablo Kukoc mientras escapaba tras robar y herir de gravedad con arma blanca a un turista en el barrio porteño de La Boca. Según los testimonios y las pruebas reflejadas en los fallos del juez de primera instancia Enrique Velázquez y de los camaristas Julio Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo, Chocobar disparó siete tiros: tres al aire y, de los restantes cuatro, dos impactaron en el cuerpo del joven, que murió cuatro días después en el Hospital Argerich.

“Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ese día, desde Chapadmalal. “El juez que haga lo que quiera, nosotros vamos a llevar adelante la defensa de la acción, no vamos a dejar que se construya la doctrina de que el delincuente tiene razón”.

 

 

La defensa cerrada del Gobierno sobre el policía -que incluyó que el propio Presidente lo recibiera en Casa Rosada- instaló la llamada “doctrina Chocobar”. La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la abogada María del Carmen Verdú, subraya a Tercer Cordón que Chocobar es solo un emergente de una política aún más siniestra. “Es orden de matar. Algunos dicen que el Gobierno dio luz verde, otros que les soltó la mano, lo que ubica la responsabilidad solo en la cabeza del policía: hace años decimos que no es un policía sino toda la institución, y que es el brazo armado del Estado administrado por el gobierno de turno. Cuando Macri abraza a Chocobar, lo que está transmitiendo al conjunto de esos aparatos represivos es que se necesitan más policías así, y cuando lo trata como un héroe y lo felicita, lo que hace es dar orden de tirar a matar. Por eso hablamos de una pena de muerte formalmente puesta en vigencia sin molestarse en firmar un decreto: es un estado de excepción de hecho”.

¿Cómo se entendió ese mensaje?

Algunos ejemplos.

 

La escalada

“Mataron a mi negrito”, escribió Mercedes del Valle Ferreira en La Garganta Poderosa.  Es la abuela de Facundo Ferreira, el niño de 12 años ejecutado por la policía tucumana de un tiro que le entró por la nuca y le salió por la frente. También tenía múltiples heridas de bala de goma en el brazo, al igual que el amigo con el que viajaba en moto. Los dos policías involucrados, Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, fueron liberados por la fiscal a las pocas horas del fusilamiento.

El Gobierno reaccionó de la misma manera que en cada caso de violencia estatal. “Disparar o no por la espalda depende de la situación, es un detalle”, dijo Bullrich. Según el último informe de Correpi, en 721 días del Gobierno de Cambiemos ocurrieron 725 detalles: es decir, más de un persona por día muere en Argentina por violencia estatal. La evaluación es alarmante: constituye el mayor pico represivo del país desde la vuelta de la democracia en 1983. El crimen de Facundo Ferreira en Tucumán se enmarca en ese contexto y en la escalada represiva post Chocobar.

No es el único caso.

 

 

  • 26 de enero, Córdoba. “Un policía mató a un supuesto ladrón en el barrio Arguello”, tituló La voz del interior, que toma como fuente el parte policial e indica que el “presunto delincuente” estaba armado y que “no alcanzó a disparar por el rápido accionar del efectivo”. La investigación quedó en la propia Policía.
  • 1 de febrero, Buenos Aires. El sargento Rubén Darío García baleó a su exnovia de 19 de años en la puerta de la Comisaría de la Mujer de Florencio Varela: había ido para denunciarlo por violencia machista. La hirió en una pierna y, también, tiroteó a los oficiales de la dependencia. García quedó detenido y la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso su desafectación.
  • 3 de febrero, Buenos Aires. Un agente de la Comisaría 28 de Barracas mató a un joven de 19 años e hirió a otros chicos cuando, según el parte policial, intentaron robarle el auto mientras regresaba a su casa en Quilmes, una vez terminado su servicio. “El agente, que se encontraba de civil, les entregó la mochila, la billetera y el celular, pero como los ladrones seguían amenazándolo, extrajo su arma reglamentaria y realizó al menos cinco disparos”, informó Télam. La UFI 4 del municipio lo catalogó como “homicidio en ocasión de robo”. El policía quedó en libertad hasta que se realicen las pericias.
  • 3 de febrero, Tucumán. Alexis Noguera tenía 23 años, hacía changas y esa mañana lo despertaron sonidos de disparos, gritos y cristales rotos. Una veintena de policías había ingresado a su casa tirando balas de goma, gas pimienta y destrozando todas sus pertenencias en búsqueda de un joven que había cometido un delito: buscaban a su hermano. Alexis intercedió para evitar que lo molieran a golpes, pero los policías comenzaron a pegarle a él. Una mujer empezó a filmar el operativo y un oficial la estranguló para que suelte el teléfono. Entonces, un oficial le disparó una posta de goma en la cara a Alexis. Luego, lo golpeó con un arma. Alexis perdió el conocimiento. Murió al día siguiente.
  • 7 de febrero, Buenos Aires. “Un policía lo mató por la espalda, sin piedad: lo mató como a un perro”. Así denunció Claudio Enrique la forma en la que un efectivo del Grupo Halcón asesinó a su hijo, Fabián, 17 años. El policía estuvo prófugo por 24 horas hasta que se presentó en la Comisaría 3 de Quilmes. Allí dio su versión: estaba de civil detenido en un semáforo cuando, según su relato, Fabián y otro joven intentaron arrebatarle el celular. El oficial bajó del auto y disparó: Fabián murió con dos balazos en la espalda y uno en la pierna.
  • 8 de febrero, Buenos Aires. Luis Maldonado murió en el hospital de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, luego de que el policía Ezequiel Gerard le disparara cuando huía con otros jóvenes de un intento de robo.
  • 24 de febrero, Buenos Aires. Dos empleados de AySA iban en auto a jugar un partido de fútbol cuando empezaron a ser perseguidos a los tiros por un patrullero que los confundió con ladrones. Los trabajadores filmaron todo: “¡No estamos en dictadura!”, les gritaron. Los policías adujeron que no habían detenido la marcha del auto, que recibió dos balazos.
  • 26 de febrero, Buenos Aires. Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mató a Thomas Ramiro Díaz, menor de edad, que junto con otros jóvenes -según el relato policial- habían querido ingresar a su vivienda para robar. Tenían un arma de juguete. El policía no: le disparó cinco balazos.

Estos son sólo algunos casos que trascendieron en diversos medios comerciales.

Por su parte, Correpi contabilizó al menos 45 casos solo en lo que va de 2018.


REFERENCIA

 

Fotos: Télam