LA CULPA ES DE LOS DOCENTES

Por:María José Thomatis –@JoThomatis

 

Paula está sentada en el pasillo del instituto dando de mamar. Cuando termina se acomoda la ropa; en sus brazos carga al niño, en los hombros la mochila. Tiene 34 años y trabaja en un kiosco durante el día. El año pasado pudo cumplir uno de sus más grandes deseos: comenzó a cursar el profesorado de historia. Hace quince años no existía ningún instituto de Educación Superior en su pueblo, mucho menos uno donde pudiera estudiar de noche. Ella está preocupada, no sólo porque el bebé hace mucho ruido durante la clase, sino porque escuchó que cerraron una división del instituto. Paula quiere seguir la carrera con su hijo en brazos.

Su historia se mezcla entre las de muchos estudiantes y trabajadores de la educación que marcharon en las calles de Mendoza el 18 de abril. El “carpetazo” de los institutos de Educación Superior supo configurarse como un reclamo a las políticas del gobierno que distan de defender el acceso universal y público a la educación. La gestión de Cambiemos busca una reforma profunda del sistema educativo y su idea principal, publicada este 24 de abril en el decreto 530/18, se repite como un mantra: “la calidad del aprendizaje de los alumnos depende de la calidad de enseñanza”. Es decir, el gobierno entiende las falencias de la educación pública como responsabilidad privativa del trabajo llevado a cabo por los docentes, cualquier otro factor ha sido completamente olvidado u obviado.

 

 

Desde la asunción de Alfredo Cornejo, se han vuelto constantes los intentos de desprestigiar la educación pública y la tarea docente. No sólo a través de declaraciones del propio gobernador o del director general de Escuelas, Jaime Correas, sino también mediante decretos que han herido gravemente la dignidad y los derechos de los educadores, como el controversial Ítem Aula.

Natalia Ziperovich, profesora, afirma que “Responsabilizan de la calidad educativa a los docentes. No se puede analizar el problema de enseñanza-aprendizaje sin entender que está inserto en un contexto económico-político que influye y determina ese proceso”. La profesional, referente del Instituto de Educación Superior 9-002, Tomás Godoy Cruz, visibiliza también la voz de su alumnado, quien se negó, al igual que los de otros seis establecimientos, a realizar una prueba piloto. Esta última fue llevada a cabo por la DGE el pasado 19 de abril en los 58 institutos que existen en la provincia, con el fin de  “monitorear” el nivel de aprendizaje con el que cuentan los aspirantes al Nivel Superior.

La comunidad educativa detractora de esta iniciativa interpreta que a través de este tipo de evaluaciones no solo nos acercamos al ingreso restricto a los institutos estatales de Mendoza sino que también representa un ataque directo a la labor educadora. “Es una evaluación de la que ya se sabe el resultado. Pero lo importante no es el resultado sino el uso del mismo. El resultado se amplifica y se instala socialmente con una explicación: depende de la calidad de enseñanza (que reciben los jóvenes), es decir, los resultados dependen de los docentes” explica Sebastián Henríquez, secretario general de SUTE.

 

 

Emma Cunietti, coordinadora General de Educación Superior de la DGE, manifiesta que “no entiende por qué algunos creen que esto es un ataque a la educación pública, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que buscamos con estas evaluaciones es acompañar a los estudiantes que eligen carreras docentes en sus primeros pasos. Los resultados se utilizarán para saber dónde presentan problemas y vamos a generar cuadernillos para que haya apoyaturas.” Su discurso suena conciliador, pero al leer el flamante decreto 530/18 del gobierno provincial, aparecen líneas cuanto menos inquietantes.

Un ejemplo de ello es el anexo del decreto donde se establece que la Coordinación General de Educación podrá “elaborar criterios que justifiquen la necesidad de prestar servicio educativo de Nivel Superior en una zona territorial determinada, mediante la apertura de sede o anexo del establecimiento educativo (…) Revisar y disponer la pertinencia y necesidad de la continuidad del servicio educativo de nivel superior que se presta en las sedes o anexos existentes a la fecha del presente decreto, con atribuciones para proceder a su reorganización y continuidad justificada en el criterio de necesidad de la oferta educativa en la zona territorial en la cual se establece la sede o anexo”. Pasando en limpio: La coordinación de Educación Superior podrá cerrar carreras o instituciones enteras cuando lo considere pertinente.

Otras disposiciones de este nuevo decreto dejan asentado que los rectores podrán establecer sanciones a los docentes sin necesidad de la intervención de la Junta De Disciplina y que serán los Consejos Directivos de los Institutos de Educación Superior quienes garantizarán “el normal funcionamiento de los Centros de Estudiantes” y aprobarán “su plan de actividades anuales”. “Tanto el gobierno nacional como el provincial pretenden avanzar con una reforma estructural del sistema educativo y de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Buscan someter la educación a las directivas del mercado laboral. Necesitan flexibilizar la enseñanza, y por lo tanto el trabajo docente, para desarrollar un perfil de egresados adaptados a un mercado de trabajo precario e inestable como el que quieren imponer con la reforma laboral”, manifiesta la docente Virginia Pescarmona en su artículo Educación Superior, el nuevo blanco de ataque del gobierno.

 

 

La agenda educativa de este gobierno se encuentra marcada por la sanción de decretos, escapando del debate público y el consenso como herramienta para la toma de decisiones. Henríquez señala al respecto que “lo que busca el gobierno es cuestionar a los docentes por los resultados de los aprendizajes de los alumnos, desentendiéndose de la responsabilidad de la política educativa. Corren el eje del deterioro social y cultural que impacta en las escuelas; de los déficits de inversión en educación tanto en recursos como en salarios; de la falta de capacitación en servicio gratuita; de políticas de acompañamiento de las trayectorias estudiantiles que sean estables y no precarizadas; de la cantidad de emergentes sociales que hay en las escuelas y afectan la práctica y la ausencia de personas y recursos para dar respuestas”.

En las aulas, así como en las calles, estudiantes y docentes defienden sus derechos; aún cuando la esperanza de un diálogo democrático resulta impalpable.

Objeto de las persecuciones, los educadores siguen enseñando; y siguen, a pesar de la falta de recursos, encontrándose con Paula. Al fin y al cabo, sí, la culpa es de los docentes.

 

 

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REFERENCIA

Fotos: Mariana Santarrosa