LA MANADA DE UNIFORMADOS

Por: Javier Andrada – @jotaandrada

 

Gustavo Melmann suele decir que lleva más años luchando por encontrar justicia (17) que el tiempo que pudo disfrutar a su hija (15).

El 4 de febrero de 2001, la vida de los Melmann cambió para siempre. A la salida de un boliche, Natalia fue víctima de secuestro, torturas, privación ilegítima de la libertad, abusos sexuales y asesinato. Los responsables resultaron ser policías bonaerenses que tenían la costumbre de llevar chicas jóvenes, alcohol y drogas a un chalet abandonado del barrio Copacabana. Ese día, festejaban el cumpleaños del Comisario Carlos Grillo. Hasta ese lugar, la trasladaron en una camioneta de la fuerza que luego escondieron en un taller mecánico.

Aquel verano, la sociedad de Miramar se movilizó rápidamente y acompañó a la familia. La brutalidad del hecho tuvo repercusión y cobertura nacional. Gustavo Melmann recibió la información de que habían sido cinco policías.

El cuerpo de Natalia apareció cuatro días después; estaba enterrado en el Vivero  Municipal, un bosque de 500 hectáreas que contiene las dunas de la costa. Fue ahorcada con el cordón de su zapatilla izquierda. La impunidad que gozaban los uniformados era tal que el crimen fue rematado con un doble nudo mariposa.

 

 

En 2002, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata condenó a los suboficiales Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini a reclusión perpetua por “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía, en concurso con dos o más personas para procurar su impunidad”.

Hoy, los tres gozan de salidas transitorias. Cada 15 días, duermen un fin de semana en sus casas de Miramar. Cerca de la familia a la que le provocaron un daño irreparable.

Mientras que el ex convicto Gustavo “Gallo” Fernández -el único civil- recibió la pena de 19 años, a lo que se sumaron seis años por una condena anterior, por ser el entregador de la adolescente. En 2006, la Cámara de Casación lo benefició con la reducción de su condena a 10 años por considerar que no fue autor de la privación ilegal de la libertad agravada y partícipe primario de abuso sexual agravado, sino del delito de rapto.

Carlos Grillo, apartado después de que los vecinos apedrearan la comisaría, fue acusado por la fiscalía de encubrimiento y por la querella por considerarlo partícipe secundario, pero no fue condenado por el tribunal. El ex sargento Ricardo Panadero, también fue sobreseído.

Es julio de 2018. El frío de la tarde es intenso en Mar del Plata. Laura Calampuca lleva un abrigo negro; está parada en medio del playón de estacionamiento de Tribunales frente a una decena de policías. Hace apenas unos minutos que los jueces del TOF 4 (Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro) absolvieron a Ricardo Panadero, el ex policía sindicado como uno de los asesinos de su hija, Natalia.

De la mano derecha de Laura cuelga una bolsa, la izquierda acompaña sus gritos con ademanes, hace catarsis frente al grupo antimotines de la bonaerense. Los efectivos  están pertrechados con cascos, y por si esto no resultara suficiente  esconden sus cabezas detrás de los  escudos como si fueran  avestruces. Laura se ve frágil pero decidida al mismo tiempo; es una madre dolorida, con la desolación de diecisiete años a cuestas, a la que ya nada le queda, salvo seguir exigiendo justicia y señalar a los asesinos.

Un rato antes, cuando se conoció el fallo, las organizaciones sociales y feministas que siempre acompañan a la familia, estallaron de bronca. El cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense reprimió  con balas de goma y los manifestantes tuvieron que retroceder hacia la esquina de Tucumán y Almirante Brown. Cuando todo parecía calmarse, un efectivo con escasos rasgos de humanidad se adelantó al resto y volvió a disparar hacia la gente. Más corchazos, como los uniformados gustan decir.

 

 

La fiscalía, encabezada por Ana María Caro, y la abogada querellante, Lisa Cabral, habían pedido cadena perpetua. Sin embargo, el tribunal consideró que “el resultado del ADN de un vello púbico masculino encontrado en el cuerpo de Natalia Melmann y los testimonios de testigos de la fiscalía y la querella, no alcanzan para condenar a Panadero”.

El examen de ADN inicial estuvo a cargo de María Mercedes Lojo, directora de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia y había arrojado compatibilidad genética con el cuarto policía involucrado. Sin embargo, la abogada Patricia Perelló, quien fuera defensora del  femicida Carlos Monzón y de los abusadores de niños y niñas en escuelas católicas de Mar del Plata, logró que se hicieran nuevas pericias que terminaron poniendo en duda el trabajo de Lojo.

En la causa todavía quedan varios interrogantes, ya que en el cuerpo de Natalia se encontró semen de cinco perfiles genéticos  distintos. Panadero había eludido el banquillo de los acusados  tres veces hasta que la Suprema Corte de Justicia ordenó que se realice un nuevo juicio.

Aunque el  ADN dio un 97 por ciento de certeza, para el Tribunal Oral Federal 4 no fue suficiente. Como tampoco lo fueron un testigo que lo vio bajar de la camioneta policial en la que fue secuestrada Natalia, y un remisero -conocido de Panadero- que dijo haberlo visto y saludado en la zona de los boliches donde la secuestraron.

“En Miramar todos nos conocemos, sabemos perfectamente quien es quien. Yo estaba en la morgue y la gente ya sabía quiénes eran los responsables”, dice Gustavo Melmann al salir por el portón de Tribunales.

 

 

Al igual que Laura, Gustavo lleva la foto de Natalia a la altura del pecho. Habla pausado. Asegura  que hay una  condena social que pesa sobre quienes perpetraron el crimen -a Panadero se lo vincula con los homicidios de otras dos mujeres de Miramar-. Lamenta que el tribunal haya dejado pasar esta oportunidad.

“Montones de pruebas se volcaron en este juicio, pero se encargaron de desacreditarlas. La defensa no trajo un solo testigo, nadie más que su propia familia. Fue un juicio en el que un testigo -Fabián Goméz- fue apretado para que cambiara su testimonio, hasta que desapareció”.

“El alegato de los jueces fue el mismo que el del abogado defensor”, completa Laura, ahora un poco más tranquila. “A mí, esto no me cambia nada, yo sigo sin Natalia. Sólo tengo una razón más para vivir: encontrar al quinto asesino y apelar a éste fallo. La gente es solidaria desde siempre. Todos ellos son Natalia. Y Natalia es ellos. Debemos salir a la calle porque la calle es nuestra”.

La familia Melmann nunca deja de pedir ayuda a la comunidad de Miramar, pedir que venzan el miedo y que hablen: “Estos tipos ya no son policías. El pueblo no debe tener miedo si quiere vivir en libertad. Si quiere que sus hijos no sean asesinados por los que ahora tienen salidas transitorias. Y por este tipo que queda libre”.

Acompañada por familiares y amigos, Laura relata el episodio del playón de estacionamiento:

-Les hablé a los policías; porque los utilizan para reprimirnos, para que no podamos hablar. Lo que todos nosotros pedimos es justicia, poder trabajar, estudiar, caminar libremente sin ser reprimidos; ¿es tanto? Son nuestros derechos y los tienen que respetar, no nos pueden poner a la policía adelante. Tenemos derecho a vivir a trabajar a recibir un sueldo digno y los medios a decir la verdad sin que los cierren. ¿Quieren un pueblo boludo? ¿Sin conciencia? No lo van a lograr. No necesitamos policía para vivir, son el embrutecimiento del ser humano.

A pesar de los reiterados pedidos, la familia aun no consiguió que los asesinos sean monitoreados con pulseras electrónicas. Uno de ellos tiene su vivienda a sólo dos cuadras de la casa de los Melmann.

– Pueden matar a cualquier persona en Miramar. Se siguen creyendo policías, con chapa, con armas. Lo van a seguir haciendo, porque eso es lo que ellos gozan; antes de Natalia hubo otras muertes.

El cuestionamiento al Poder Judicial, por su corporativismo con la fuerza policial, es una bandera que no se cansan de enarbolar. Sobre todo, la falta de apoyo a la investigación que llevó adelante la fiscal Caro, “a ella le sacaron todo. La echaron de Miramar, no teníamos fiscalía. Pusieron a un tipo (Rodolfo Moure) que dejó un tendal de muertos sin justicia. Vayan al cementerio de Miramar y van a ver que hay más jóvenes muertos por violencia que viejos de muerte natural. Hay jóvenes, jóvenes y jóvenes. Moure dejó un tendal de muertos sin justicia. Moure desestimó a Panadero. Él le decía a cada persona que se presentaba lo que tenía que declarar para sacar del atolladero, en el que él mismo se metió, a Panadero. Él asesinó a Natalia”.

Lisa Cabral, abogada de la familia Melmann, sostiene que Eugenio Ricardo Panadero, exsargento del destacamento de Mar del Sur, un balneario cercano a Miramar, “fue juzgado y absuelto por los mismos hechos con anterioridad;  que recién después de mucho tiempo se pudo resignificar el homicidio de Natalia como un femicidio”.

 

 

Hay reformas que el Estado debería dar en la investigación y la diligencia de los casos de violencia contra las mujeres; Cabral entiende que en ese sentido fue muy importante la participación, los planteos, “el rol de la familia como contrapeso de esa justicia patriarcal. La familia, con su militancia hacia la sociedad fue el contrapeso hacia tanta injusticia”.

Los obstáculos judiciales con los que se encontraron a lo largo de estos años fueron  una dificultad insalvable para llegar a la verdad: “La opinión de los peritos, la forma en que se pregunta a los testigos están marcados por una ideología machista que pone  a la mujer otra vez en víctima. Existen determinados procedimientos que primero dudan, después minimizan la violencia y al final encubren. Ese encubrimiento a la policía no fue sólo del ámbito judicial, también del político”.

Asimismo, reconoce que el cambio se está dado por la participación de movimientos sociales, “el primer objetivo de este juicio era que no quede impune, pero también hay un castigo social. En 2001 hablábamos de violencia institucional y hoy hablamos también de violencia hacia la mujer, por el solo hecho de serlo y de ser joven, es considerada una presa. Ellos (los policías) fueron parte de las fuerza, esas personas portan armas, usan uniformes, demuestran una pertenencia; y al mismo tiempo no es un detalle quien era Natalia, con su juventud, con sus quince años. Hubo casos donde otras mujeres contaron que sus hijas habían pasado por situaciones de acoso de estos mismos policías. Esas chicas son las presas. El patriarcado se sostiene por pertenecer a un colectivo privilegiado: ser varón y heterosexual”.

Ante tanta injusticia, la familia Melmann se fortaleció hacia afuera con una fuerte presencia en la sociedad, lo que significó un contrapeso en la amañada balanza del Poder Judicial.

El caso de Natalia es el de cientos de chicas que son re-victimizadas por el poder dominante cuando desaparecen o son secuestradas. Cabral asegura que “la parte más importante de una causa se da en las primeras horas. Y si lo que se hace es decir que fue una fuga de hogar…a muchas pibas ni se las busca, se vuelven invisibles para la sociedad. Si vos abrís un expediente y lo primero que ves es que ponen que fue una fuga. Las preguntas pesan sobre la víctima; hay todo un tema si te resistís o no cuando hay abuso sexual. Cómo vimos en el caso de La Manada, si no te resistís, el Estado no te cree y si te resistís, no la contas”.

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